RECURSO DE REVISIÓN DEL PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR

EXPEDIENTE: SUP-REP-45/2017

RECURRENTE: PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

MAGISTRADO PONENTE: FELIPE ALFREDO FUENTES BARRERA

SECRETARIOS: JOSUÉ AMBRIZ NOLASCO Y VÍCTOR MANUEL ROSAS LEAL

Ciudad de México. Sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la sesión de veintiocho de marzo de dos mil diecisiete.

VISTOS para resolver, los autos del recurso cuyos datos de identificación se citan al rubro, interpuesto en contra del acuerdo ACQyD-INE-50/2017, mediante el cual la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral declaró improcedente la adopción de las medidas cautelares solicitadas por el denunciante, dentro del procedimiento especial sancionador iniciado en contra del Partido Acción Nacional, por el supuesto uso indebido de la pauta, actos anticipados de campaña y afectación del interés superior de los menores, derivado de la difusión de los promocionales identificados como "Microbus Edomex" con número de folio RV00261-17 (televisión) y "Microbus" con folio RA00246-17 (radio).

RESULTANDO

1. Interposición del recurso. El veintitrés de marzo de dos mil diecisiete, el Partido Revolucionario Institucional, por conducto de su representante ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, interpuso recurso de revisión del procedimiento especial sancionador, ante el referido Instituto.

2. Turno. El veinticuatro siguiente, la Magistrada Presidenta de esta Sala Superior, acordó integrar el expediente y ordenó su turno a la ponencia del Magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera, para los efectos previstos en el artículo 19 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

3. Recepción, admisión y cierre. En su oportunidad, el Magistrado Instructor acordó recibir, admitir a trámite el recurso respectivo y declaró cerrada la instrucción.

CONSIDERANDOS

1. Competencia.

Esta Sala Superior es competente para conocer y resolver el presente medio de impugnación, con fundamento en lo establecido en los artículos 41, párrafo segundo, base VI, y 99, párrafo cuarto, fracción III, de la Constitución; 186, fracción X, y 189, fracción XIX, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como 3, párrafo 2, inciso f); 4, párrafo 1, y 109, párrafos 1, inciso b) y 2, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, porque se impugna la determinación emitida por la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral dentro de un procedimiento especial sancionador, con motivo del dictado de medidas cautelares.

2. Procedencia.

El recurso de revisión del procedimiento especial sancionador al rubro indicado, reúne los requisitos previstos en los artículos 8, párrafo 1; 9, párrafo 1; 45, párrafo 1, inciso b); 109, párrafo 3, y 110, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

a. Forma. La demanda se presentó por escrito ante la Oficialía de Partes del Instituto Nacional Electoral, en ella se hacen constar el nombre y firma autógrafa de quien acude en representación del partido político recurrente, así como su domicilio para oír y recibir notificaciones, se identifica el acuerdo impugnado, se mencionan los hechos en que se basa su impugnación, los agravios que le causa y los preceptos presuntamente violados.

b. Oportunidad. La demanda se presentó dentro del plazo de cuarenta y ocho horas a que se refiere el artículo 109, párrafo 3, de la Ley General aplicable, en atención a lo siguiente:

La determinación impugnada fue emitida el veintiuno de marzo de dos mil diecisiete y notificada al recurrente el mismo día a las dieciocho horas con treinta y siete minutos, por lo que, si el recurso fue presentado a las dieciocho horas con treinta y dos minutos del veintitrés de marzo del mismo año, es evidente que el medio de impugnación fue interpuesto dentro del término legal establecido para ello.

c. Legitimación. Este requisito se encuentra satisfecho en términos de lo dispuesto en el artículo 45, apartado 1, inciso a), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, porque el recurso fue interpuesto por el representante del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, carácter que le fue reconocido por la autoridad responsable en el informe circunstanciado, atento al contenido del numeral 18 párrafo 2, inciso a), de la propia legislación.

d. Interés jurídico. El recurrente cuenta con interés jurídico para interponer el medio de impugnación, toda vez que controvierte el acuerdo emitido por la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral, mediante el cual negó la adopción de las medidas cautelares que solicitó al presentar su denuncia en contra del Partido Acción Nacional.

e. Definitividad. Se cumple con el requisito en comento, toda vez que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 109, apartado 1, de la ley procesal electoral, los actos relacionados con las medidas cautelares que emita el Instituto Nacional Electoral, son impugnables en única instancia a través del recurso de revisión del procedimiento especial sancionador.

3. Hechos relevantes.

Los hechos que dieron origen al acuerdo ahora recurrido, consisten medularmente en los siguientes:

a. Denuncia. El dieciocho de marzo de dos mil diecisiete, el Partido Revolucionario Institucional, por conducto de su representante ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, presentó denuncia en contra del Partido Acción Nacional, por el supuesto uso indebido de la pauta, actos anticipados de campaña y afectación del interés superior de los menores, derivado de la difusión de los promocionales identificados como "Microbus Edomex" con número de folio RV00261-17 (televisión) y "Microbus" con folio RA00246-17 (radio). Al efecto, el denunciante solicitó la adopción de medidas cautelares, en específico, la suspensión inmediata de los promocionales referidos.

b. Admisión e investigación preliminar. El diecinueve siguiente, la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral radicó la queja con la clave UT/SCG/PE/PRI/CG/74/2017 y ordenó, entre otras cosas, la verificación de la vigencia de los promocionales cuestionados.

c. Acuerdo impugnado. El veintiuno de marzo del año en curso, mediante acuerdo ACQyD-INE-50/2017, la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral declaró improcedente la adopción de medidas cautelares solicitadas por el denunciante, porque, en esencia, consideró que los promocionales, objeto de denuncia, se referían a temas de interés general materia de debate público.

4. Naturaleza de las medidas cautelares.

Las medidas cautelares constituyen instrumentos que, en función de un análisis preliminar, puede decretar la autoridad competente, a solicitud de parte interesada o de oficio, para conservar la materia del litigio, así como para evitar un grave e irreparable daño a las partes en conflicto o a la sociedad, con motivo de la sustanciación de un procedimiento; por ende, se trata de resoluciones que se caracterizan, generalmente, por ser accesorias y sumarias.

Accesorias, en tanto la determinación no constituye un fin en sí mismo y, sumarias, debido a que se tramitan en plazos breves. Aunado a que su finalidad es prever la dilación en el dictado de la resolución definitiva, así como evitar que el perjuicio se vuelva irreparable, asegurando la eficacia de la resolución que se dicte.

Por tanto, las medidas cautelares están dirigidas a garantizar, bajo un examen preliminar, la existencia y el restablecimiento del derecho que se considera afectado, cuyo titular estima que puede sufrir algún menoscabo.

En ese tenor, las medidas cautelares constituyen una determinación autónoma dentro de un procedimiento, cuyo objetivo principal es tutelar el interés público, razón por la cual el legislador previó la posibilidad de que sus efectos sean provisionales, transitorios o temporales, con el objeto de lograr la cesación de los actos o hechos constitutivos de la posible infracción.

Ello, a efecto de evitar una afectación irreparable a los principios rectores de la materia electoral o la vulneración de los bienes jurídicos tutelados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o la legislación electoral aplicable, restableciendo el ordenamiento jurídico presuntamente conculcado, al desaparecer provisionalmente una situación presuntivamente antijurídica.

Ahora bien, para que el dictado de las medidas cautelares cumpla con los principios de legalidad, fundamentación y motivación, debe ocuparse, cuando menos, de los aspectos siguientes:

a) La probable violación a un derecho, del cual se pide la tutela en el proceso, y,

b) El temor fundado de que, mientras llega la tutela jurídica efectiva, desaparezcan las circunstancias de hecho necesarias para alcanzar una decisión sobre el derecho o bien jurídico cuya restitución se reclama (periculum in mora).

Así, la medida cautelar adquiere justificación si hay un derecho que requiere protección provisional y urgente, a raíz de una afectación producida -que se busca evitar sea mayor- o de inminente producción, mientras se sigue el procedimiento o proceso en el cual se discute la pretensión de fondo de quien dice sufrir el daño o la amenaza de su actualización.

Atendiendo a esa lógica, el dictado de las medidas cautelares se debe ajustar a los criterios que la doctrina denomina como fumus boni iuris -apariencia del buen derecho- unida al periculum in mora -temor fundado de que mientras llega la tutela efectiva se menoscabe o haga irreparable el derecho materia de la decisión final-.

Sobre el fumus boni iuris o apariencia del buen derecho, debe precisarse que éste apunta a una credibilidad objetiva y seria sobre la juridicidad del derecho que se pide proteger, a fin de descartar que se trate de una pretensión manifiestamente infundada, temeraria o cuestionable; en tanto que el periculum in mora o peligro en la demora consiste en la posible frustración de los derechos del promovente de la medida cautelar, ante el riesgo de su irreparabilidad.

Como se puede advertir, la verificación de ambos requisitos obliga indefectiblemente a que la autoridad responsable realice una evaluación preliminar del caso concreto -aun cuando no sea completa- en torno a las respectivas posiciones enfrentadas, a fin de determinar si se justifica o no el dictado de las medidas cautelares.

En consecuencia, si de ese análisis previo resulta la existencia de un derecho, en apariencia reconocido legalmente de quien sufre la lesión o el riesgo de un daño o violación inminente y la correlativa falta de justificación de la conducta reprochada, entonces se torna patente que la medida cautelar debe ser acordada, salvo que el perjuicio al interés social o al orden público sea mayor a los daños que pudiera resentir el solicitante, supuesto en el cual, deberá negarse la medida cautelar.

Resulta inconcuso entonces que el análisis de los valores tutelados que justifican los posicionamientos de las partes en conflicto, así como la valoración de los elementos probatorios que obren en el expediente, se convierte en una etapa fundamental para el examen de la solicitud de medidas cautelares, toda vez que cuando menos se deberán observar las directrices siguientes:

* Verificar si existe el derecho cuya tutela se pretende.

* Justificar el temor fundado de que, ante la espera del dictado de la resolución definitiva, desaparezca la materia de controversia.

* Justificar la idoneidad, razonabilidad y proporcionalidad de la determinación que se adopte.

* Fundar y motivar si la conducta denunciada, atendiendo al contexto en que se produce y dentro de los límites que encierra el estudio preliminar, trasciende o no a los límites del derecho o libertad que se considera afectado y si presumiblemente, se ubica en el ámbito de lo ilícito.

De esta forma, la medida cautelar en materia electoral cumplirá sus objetivos fundamentales, a saber: evitar la vulneración de los bienes jurídicos tutelados, así como la generación de daños irreversibles a los posibles afectados; todo ello para que cuando se dicte la resolución de fondo, sea factible su cumplimiento efectivo e integral.

Ahora bien, es incuestionable que, en el caso, la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral es la autoridad competente para el dictado de medidas cautelares y que le corresponde examinar la existencia del derecho cuya tutela se pretende, a fin de lograr la cesación de los actos o hechos que pudieran constituir una infracción, evitar la producción de daños irreparables, la afectación de los principios que rigen los procesos electorales, o la vulneración de los bienes jurídicos tutelados por las disposiciones contenidas en la ley aplicable.1

1 Similar criterio se sostuvo al resolver el recurso de revisión del procedimiento especial sancionador SUP-REP-183/2016.

Razón por la cual, la autoridad competente también deberá analizar de manera preliminar los valores y bienes jurídicos en conflicto, justificando la idoneidad, razonabilidad y proporcionalidad de la medida cautelar que se dicte o motivando las razones por las cuales aquélla se niegue.

En consecuencia, en ambos casos deberá fundar y motivar si la conducta denunciada, conforme a la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora, trasciende por lo menos indiciariamente los límites del derecho o libertad que se considera violado y, si de manera preliminar, pudiera ubicarse o no en el ámbito de lo ilícito.

5. Consideraciones torales del acuerdo recurrido.

La autoridad responsable, como fundamento de la improcedencia de las medidas cautelares solicitadas, en lo que atañe a la materia de estudio de esta controversia, precisó lo siguiente:

a. Uso indebido de la pauta de radio y televisión.

Por cuanto al tema se refiere, la autoridad responsable consideró, medularmente, que el contenido de los promocionales, en un estudio preliminar, daba noticia del posicionamiento del Partido Acción Nacional, sobre temas de inseguridad, sin referir a candidato alguno, solicitar el voto, propuesta de campaña o exposición de plataforma electoral, pues por el contrario, solo se advertían críticas y propuestas de interés general.

Sobre la mención del Partido Institucional en los promocionales, se precisó en el acuerdo reclamado, que dicha alusión estaba dentro del contexto genérico de quienes en su momento, fueron postulados por el propio instituto político a cargo de elección popular, además de que, en el periodo de intercampañas existe un interés de la ciudadanía en aquella información de utilidad en la siguiente etapa, sin que tal circunstancia, vulnerara el principio de equidad.

b. Promocional difundido en internet.

Sobre el particular, en lo esencial, se expuso por la autoridad responsable que, bajo la apariencia del buen derecho, la nota periodística denunciada se había emitido en ejercicio del derecho a la libertad de expresión e información, advirtiéndose que su difusión, acontecía como parte de un hecho noticioso dado a conocer por un diario digital.

c. Aparición de menores en el promocional televisivo.

Atinente a este tópico, en el acuerdo reclamado se sostuvo de manera medular, que derivado de la investigación respectiva se demostró que, unas de las personas que aparecían en el promocional televisivo eran mayores de edad y las que no tenían esa particularidad, habían requisitado los formatos de autorización de sus progenitores, aunado a que, dos de los menores no eran identificables, y en todo caso, también se contaba con la autorización respectiva de sus progenitores.

6. Consideraciones firmes.

La parte recurrente, no endereza agravios en contra de las consideraciones vinculadas con la difusión del promocional denunciado en Internet, ni en relación con aparición de menores en la versión de televisión, razón por la cual, deben quedar firmes.

7. Propaganda en periodo de intercampaña.

El artículo 41, base III, de la Constitución prevé que los partidos políticos nacionales tendrán derecho al uso de manera permanente de los medios de comunicación social, como parte de sus prerrogativas, especificándose la forma de distribución de los mensajes y programas de los partidos y de las autoridades electorales.

Los partidos políticos y candidatos cuentan con el derecho legítimo de difundir propaganda política a través de los medios de comunicación social, durante las distintas etapas de los procesos electorales, a efecto de transmitir información con carácter eminentemente ideológico.

La intercampaña transcurre del día siguiente al que terminan las precampañas al día anterior al inicio de las campañas correspondientes. En este periodo, los partidos políticos tienen derecho de acceso al tiempo en radio y televisión, repartido de forma igualitaria, el cual debe ser utilizado para la transmisión de mensajes genéricos2.

2 Criterio que se desprende de la sentencia recaída al expediente SUP-REP-31/2016.

El artículo 37, párrafo 2, del Reglamento de Radio y Televisión en Materia Electoral, dispone que se entiende por mensajes genéricos, aquellos que tienen un carácter meramente informativo.

Al respecto, esta Sala Superior ha construido el criterio de que, el contenido de los mensajes que pueden difundir los partidos políticos en radio y televisión durante la etapa de intercampaña, debe corresponder a la naturaleza de la propaganda política.3

3 SUP-REP-109/2015

Esto es, cuando se difunda un mensaje, ya sea por radio y/o televisión, los partidos políticos deben abstenerse de incluir elementos tendentes a exaltar frente a la ciudadanía, una candidatura o instituto político con la finalidad de colocarlo en las preferencias electorales, a través de la exposición de elementos coincidentes con su plataforma electoral, que inciten al electorado a favorecer a una determinada opción política (partido o candidato) en el escenario electoral.

De esa manera, cuando se analice la posible configuración de un uso indebido de pautas con motivo de la difusión de propaganda distinta a la genérica en intercampañas en el contexto de la solicitud de medidas cautelares, la Comisión deberá valorar los hechos denunciados tomando como referentes, por un lado, la libertad de expresión de los partidos políticos para transmitir dicha propaganda y, por otro, la posible vulneración al principio de equidad en la contienda electoral.

Desde esa perspectiva, este Tribunal Constitucional ha establecido algunos derroteros a seguir para el estudio de los promocionales difundidos en intercampañas, a saber:

- Es válido que se incluyan referencias a cuestiones de interés general y con carácter informativo, mientras no se haga uso explícito de llamados a votar a favor o en contra o referencias expresas a candidatos y plataforma electoral del partido político que difunde el promocional.

- La alusión genérica al cambio o a la continuidad de una política pública, no supone una afectación grave o irreparable al principio de equidad en la contienda electoral, para el efecto de adoptar la medida cautelar, en tanto que no es un llamamiento al voto.

- Se permite la difusión de cuestionamientos o logros a la actividad gubernamental.

- El promocional no debe hacer mención ni identificar a un candidato o partido político a fin de posicionarlo de forma negativa o positiva, es decir, hacer propaganda a favor o en contra de algún partido político o candidato.

8. Agravios.

La parte recurrente aduce que:

* La responsable no efectúa el análisis de la controversia a la luz de algún fundamento jurídico.

* No se estudia el contenido del mensaje, con base en una definición de lo que debe entenderse por posicionamiento, siendo que, en el caso, la intención es inhibir el voto a favor del partico político recurrente.

* En el contexto de la etapa del proceso electoral, la mención del partido político dentro del promocional, evidencia la intención del denunciado de obtener el voto a su favor, sin que ello pueda considerarse como un debate.

* Se utilizan las expresiones "votaron" y "elecciones", a efecto de manifestar a un grupo de personas, que son culpables de ser víctimas del crimen difundido.

* Al emplearse en el promocional las expresiones "gobernante" y "privilegiado", se hace una referencia en sentido peyorativo en contra del recurrente.

Ahora bien, en el caso, el Partido Acción Nacional pautó el siguiente promocional en televisión y radio:

Televisión (RV00261-17)

Ni se quejen ¡eh!

…que seguro votaron por el PRI.

¿Qué han recibido ustedes?

¿Despensa?

A ustedes no les va a tocar

ni relojes…

ni casas

ni coches.

Ellos son los privilegiados

los que gobiernan

A ustedes sólo los usan en las elecciones.

Aquí asaltamos parejo…

…no importa el Partido

El PRI también se olvidó de ustedes.

Porque sí se puede un mejor Estado de México.

Voz en off:

Porque sí se puede un mejor Estado de México.

Radio (RA00246-17)

Ni se quejen ¡eh!

…que seguro votaron por el PRI.

¿Qué han recibido ustedes?

¿Despensa?

A ustedes no les va a tocar

ni relojes…

ni casas

ni coches.

Ellos son los privilegiados

los que gobiernan

A ustedes sólo los usan en las elecciones.

Aquí asaltamos parejo…

…no importa el Partido

El PRI también se olvidó de ustedes.

Porque sí se puede un mejor Estado de México.

Voz en off:

Porque sí se puede un mejor Estado de México.

Así, se tiene que la pretensión del partido recurrente es que se revoque la resolución reclamada, a efecto de que se orden la adopción de la medida cautelar solicitada, relativa a que se suspenda la transmisión de los promocionales denunciados.

Su causa de pedir la sustenta en la violación a los principios de legalidad y congruencia en el análisis del contenido de los promocionales denunciados, ya que, desde su perspectiva, se trata de propaganda electoral, cuya difusión está prohibida en la etapa de intercampañas.

De esta manera, la litis en el presente asunto consiste en determinar si, de un análisis preliminar y bajo la apariencia del buen derecho, el contenido de los promocionales denunciados es de carácter genérico y, por ende, es permitido su difusión en la etapa de intercampañas, o si, como lo sostiene el recurrente, se trata de propaganda electoral.

El planteamiento del recurrente es sustancialmente fundado y suficiente para revocar el acuerdo impugnado.

Lo anterior, porque de manera cautelar, con base en las constancias que obran en el sumario, se estima que la propaganda denunciada no se ubica en el rango de genérica, toda vez que la línea discursiva está encaminada a exteriorizar un posicionamiento favorable del Partido Acción Nacional respecto de otro.

En el particular, el promocional materia de estudio se aparta de los lineamientos referidos en el considerando 7 de esta ejecutoria, por lo siguiente:

- El promocional, contiene un llamado al voto, en su vertiente tanto negativa como positiva, como se advierte de las frases "seguro votaron por el PRI", "el PRI también se olvidó de ustedes" y con el hecho de concluir el promocional con la frase "porque sí se puede un mejor Estado de México" seguido del logotipo del PAN.

- De las frases referidas se advierte, preliminarmente, exaltar frente a la ciudadanía al partido político emisor, con la finalidad de colocarlo en las preferencias electorales

- La alusión al cambio de una política pública no es genérica, pues se menciona de forma expresa a un partido político con el ánimo de generar una imagen negativa, frente al instituto político emisor del mensaje.

- El promocional no contiene cuestionamientos o logros a la actividad gubernamental de algún partido político.

Esta Sala Superior ha sustentado que la propaganda electoral no solamente se limita a captar adeptos, lo cual es lo ordinario al presentarse ante la ciudadanía las candidaturas y programas electorales con la finalidad de obtener el mayor número de votos, sino que también busca reducir el número de simpatizantes o votos de los otros partidos políticos que intervienen en la contienda electoral4.

4 Tesis CXX/2002. PROPAGANDA ELECTORAL. FINALIDADES (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Y SIMILARES). Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Suplemento 6, Año 2003, página 181.

De esta manera, para efectos de establecer si determinada propaganda que se presente como genérica, es o no de carácter electoral, a nivel preliminar y cautelar, debe analizarse en su contexto interno (contenido) y externo (difusión), pues no basta que de manera explícita se resalte al partido que ordenó su difusión, sus candidatos o a sus propuestas de campaña, con el ánimo de posicionarse en el electorado, sino que, también se podría configurar el carácter de propaganda electoral, cuando se adviertan elementos que permitan suponer que la finalidad del mensaje es el de generar una imagen negativa de otro contendiente en el proceso electoral de que se trate, con el ánimo de restarle preferencias.

Por tanto, las expresiones utilizadas en los mensajes que se presentan como genéricos, deben analizarse en su contexto, en relación con los restantes elementos visuales, auditivos, gráficos y lingüísticos que componen el promocional en cuestión, pues solamente así, al carecerse de mayores elementos de prueba, se podría estar en posiciones de establecer de una manera cautelar, el carácter del promocional denunciado.

Más aún, si se toma en cuenta que la medida cautelar tiene como finalidad suspender de manera provisional los posibles efectos perniciosos de propaganda presumiblemente ilícita, a fin de garantizar la regularidad jurídica de los procesos electorales, aunque, es de precisarse, que no constituye una determinación definitiva ni fija el sentido de la sentencia que, en su momento, se dicte al resolverse el correspondiente procedimiento especial sancionador.

En el caso, es evidente, que los promocionales ahora denunciados, se dan en el contexto de un proceso electoral local; donde, se hace un llamado al voto contrario al Partido Revolucionario Institucional.

Del contenido del mensaje denunciado, en su versión de televisión, se advierte que aparece de manera central una persona del género masculino portando en la mano, lo que a simple vista parece un arma de fuego, simulando un asalto a los pasajeros de una unidad del transporte público conocida como microbús.

Tal sujeto pronuncia las siguientes frases (las cuales también se reproducen en la versión de radio):

* Ni se quejen, eh… que seguro votaron por el PRI.

* ¿Qué han recibido ustedes?

* ¿Despensas?

* A ustedes no les va a tocar ni relojes, ni casas, ni coches.

* Ellos son los privilegiados, los que gobiernan.

* A ustedes sólo los usan en las elecciones.

* Aquí asaltamos parejo… no importa el partido.

* El PRI también se olvidó de ustedes.

Al final del promocional se escucha y lee el siguiente mensaje, acompañado del emblema del Partido Acción Nacional.

* Porque sí se puede un mejor Estado de México, PAN.

Como puede apreciarse del análisis cautelar y provisional, así como en sus méritos y de forma integral el promocional denunciado, en el caso se aprecia que éste no sólo abarca una crítica a la gestión gubernamental en el Estado de México –lo cual en principio es válido en intercampañas–, sino que además contiene otros elementos que en conjunto, transmiten el mensaje de no votar por el Partido Revolucionario Institucional y votar por el Partido Acción Nacional, lo cual, en apariencia del buen derecho, puede constituir una indebida utilización de la pauta con la posible afectación al orden jurídico rector del proceso electoral que actualmente se lleva a cabo en aquella entidad.

Lo anterior, porque las frases utilizadas en el promocional, generan en el electorado la imagen de que el partido afectado, únicamente utiliza a la ciudadanía en las elecciones, a efecto de obtener el triunfo en las mismas, pero pasando este punto, existe el olvido en la atención de sus necesidades, y, por el contrario, produce situaciones que dañan la seguridad pública de los ciudadanos y corrupción.

Situaciones que, desde la perspectiva del promocional, son generadas por el propio electorado al haber votado por el partido político aludido en tal promocional, por lo que el supuesto delincuente, invita a reflexionar, cuando señala que dicho partido "también se olvidó de ustedes".

Incluso, el mensaje final del promocional, "porque sí se puede un mejor Estado de México", acompañado del emblema del Partido Acción Nacional, sugiere que dicho partido puede generar un mejor Estado de México.

Por tales razones, se considera que el mensaje denunciado no puede catalogarse como de carácter político, en la medida que, si bien expone diversos temas de interés general, que guardan conexión con la seguridad pública, gestión gubernamental y su interrelación con la atención a los gobernados y sus necesidades, así como a la forma en que quienes ejercer la función pública local pudieron acceder a su ejercicio, también es cierto que, se advierten elementos tendentes a posicionar al propio partido político o a una posible candidata o candidato en relación con la elección a la Gubernatura del Estado de México, ya que, en el contexto cautelar y preliminar en el que se realiza el estudio de los promocionales denunciados, es dable suponer que los mismos están dirigidos a obtener un posicionamiento mediante la descalificación de otro partido político.

Lo anterior, porque se hace referencia expresa al Partido Revolucionario Institucional, a lo supuestamente ocurrido en elecciones pasadas, así como a la situación social y política que, según la perspectiva del promocional, se vive en la entidad, con el señalamiento expreso que, es consecuencia de que los ciudadanos votaron por el referido partido político; aunado a que el Partido Acción Nacional es la opción para lograr un mejor Estado.

Contenido que no es compatible jurídicamente con aquel que está permitido para aquellos que pueden transmitirse en el periodo de intercampañas que, actualmente, se desarrolla en el proceso electoral del Estado de México, dado que, de su examen integral, bajo la apariencia del buen derecho, permite establecer que incluye la idea de votar por el partido emisor, mediante la descalificación de un diverso partido político.

En esas condiciones, se estima que la responsable, al negar la medida precautoria solicitada, realizó una indebida ponderación del orden jurídico, al no tomar en cuenta todos los elementos contextuales en los cuales se difundió los mensajes denunciados.

Ello, sin perjuicio de que, en lo que constituye la materia de estudio en el fondo del asunto y con base en las pruebas que se lleguen a aportar al procedimiento especial sancionador, se emita la resolución que en derecho corresponda.

Es de precisar que, el presente asunto se diferencia del correspondiente al recurso de revisión del procedimiento especial sancionador SUP-REP-34/2017, en el cual se estableció que de los promocionales entonces denunciados, no se obtenía elemento alguno sobre propaganda electoral.

Ello, porque, de acuerdo con la ejecutoria emitida en ese medio de impugnación, si bien se hacía alusión al concepto de cambio, mediante el uso de frases como [l]legó el momento de cambiarlos como en o llegó el momento de los mexiquenses, en principio, la intención genérica del partido era exponer una postura crítica sobre la realidad, que, desde su punto de vista, existía en la entidad, y al mismo tiempo, informaba a la ciudadanía respecto de hechos objetivos ocurridos en elecciones anteriores, para estimular el debate público propio de la vida democrática.

Elementos que no se actualizan en el presente caso, en la medida que en los promocionales denunciados que aquí se analizan, no se advierte que la finalidad del Partido Acción Nacional sea exponer a la ciudadanía situaciones de la realidad de la entidad federativa, ni hechos objetivos relacionados con elecciones pasadas.

Ello, porque todo lo manifestado, en voz del protagonista del promocional, son consideraciones subjetivas de la situación fáctica y social que, desde su perspectiva, acontecen en estos momentos en aquel Estado, así como los motivos que la propiciaron, particularmente, resalta que dicho partido responsabiliza de la misma a la ciudadanía que votó por el partido político referido en el mensaje.

Aunado, se insiste, a que la parte final del promocional da a entender que el Partido Acción Nacional es la opción para mejorar esas circunstancias.

Por tanto, se estima, preliminarmente, que los promocionales objeto de denuncia en el presente asunto, no tienen por objeto motivar el debate público en temas de interés general, sino, hacer un llamado al voto, tanto de manera positiva a favor del emisor, como negativamente, en perjuicio del Partido Revolucionario Institucional, al referir de forma expresa los supuestos errores cometidos por la ciudadanía al elegir a dicho partido en comicios anteriores.

En suma, el promocional materia de estudio a través del presente medio de impugnación, no se sujeta a los estándares de aquellos que pueden ser difundidos en intercampaña, porque hace alusión a un partido político identificable (Partido de la Revolución Institucional), señala un proceso electoral en curso (Gubernatura en el Estado de México) y hace un llamamiento al voto, en sus vertientes positiva y negativa.

9. Determinación

Se revoca el acuerdo impugnado, para que de inmediato se ordene la suspensión de la transmisión de los promocionales identificados como "Microbus Edomex" con número de folio RV00261-17 (televisión) y "Microbus" con folio RA00246-17 (radio).

Razón por la cual, se vincula de manera directa a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral, para que, en términos de la normativa aplicable y con base en las facultades que tiene asignadas, lleve a cabo las diligencias necesarias para suspender la transmisión de los promocionales mencionados.

En consecuencia, esta Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación,

RESUELVE:

ÚNICO. Se revoca el acuerdo ACQyD-INE-50/2017 dictado el veintiuno de marzo del año en curso, por la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral, para los efectos precisados en el último considerado de este fallo.

Notifíquese como en Derecho corresponda

En su oportunidad, devuélvanse las constancias atinentes y archívese el presente asunto como definitivamente concluido.

Así, por unanimidad de votos, lo resolvieron y firmaron las Magistradas y los Magistrados que integran la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ante la Secretaria General de Acuerdos que autoriza y da fe. Rúbricas.